La Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido abandonar Microsoft Office y migrar a Open Desk, una alternativa de código abierto de origen europeo. Esta decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por la dependencia de los organismos públicos de las empresas tecnológicas estadounidenses, especialmente desde la administración de Donald Trump.
Para la CPI, estas preocupaciones son concretas. Trump ha criticado duramente a la corte e incluso ha impuesto sanciones a su fiscal jefe, Karim Khan. Además, se informó que Microsoft canceló la cuenta de correo electrónico de Khan, aunque la compañía niega esta afirmación. Microsoft insiste en que su relación con la CPI es valiosa y que nada impide que sigan prestando servicios a la corte.
La transición a Open Desk refleja un cambio estratégico hacia soluciones más independientes y alineadas con los valores de la soberanía tecnológica europea. El movimiento responde a la necesidad de proteger la información sensible y garantizar la continuidad de las operaciones de la CPI en un entorno geopolítico complejo.
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