Las comunidades de desarrollo de Linux están inmersas en intensos debates sobre cómo responder a las nuevas leyes de verificación de edad que amenazan con transformar el ecosistema del software libre. System76 no es la única empresa tecnológica expresando preocupación por estas regulaciones, ya que organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y desarrolladores de Ubuntu, Fedora y Linux Mint están evaluando las implicaciones de legislaciones como la Ley de Garantía de Edad Digital de California.
A principios de esta semana, el desarrollador de Ubuntu Aaron Rainbolt propuso en la lista de correo de la comunidad una interfaz D-Bus opcional que podría ser implementada por aplicaciones según cada distribución lo considere apropiado. Sin embargo, Canonical respondió que la compañía aún no tiene una solución definitiva para anunciar respecto a la declaración de edad en Ubuntu. Jon Seager, Vicepresidente de Ingeniería en Canonical, aclaró que la empresa está revisando la legislación internamente con asesoría legal, pero actualmente no existen planes concretos sobre cómo, o incluso si, Ubuntu cambiará en respuesta a estas leyes. Enfatizó que la publicación en la lista de correo fue una conversación informal entre miembros de la comunidad, no un anuncio oficial.
Discusiones similares están en curso en las comunidades de Fedora y Linux Mint, mientras algunos desarrolladores como MidnightBSD han decidido excluir California completamente del uso de escritorio. La EFF ha advertido consistentemente contra la imposición de requisitos de edad en internet, argumentando que estos mandatos atacan los fundamentos de una internet libre y abierta. Hayley Tsukayama, Directora de Asuntos Estatales de la EFF, señala un problema fundamental: muchas de estas regulaciones imaginan tecnología que actualmente no existe.
Según la EFF, estos mandatos mal concebidos no pueden lograr el objetivo declarado de verificación de edad. Son fáciles de eludir y exponen a los consumidores a riesgos reales de violación de datos. Las cargas recaen especialmente sobre desarrolladores que no pertenecen a grandes empresas con recursos abundantes, como aquellos que desarrollan software de código abierto. No reconocer la diversidad del desarrollo de software al pensar en la responsabilidad limita efectivamente las opciones de software, justo cuando el poder computacional se está concentrando rápidamente en manos de unos pocos. La organización propone que, en lugar de crear barreras de edad, una ley de privacidad bien elaborada que empodere a todas las personas para controlar cómo se recopilan y utilizan sus datos sería un paso crucial en la dirección correcta.
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