General Motors pagará 220 millones de dólares a 35 estados y a Washington D. C. por vender datos de conducción a corredores que los pasaban a aseguradoras.
General Motors pagará 220 millones de dólares a 35 estados de EE. UU. y al Distrito de Columbia para cerrar las reclamaciones por los datos de sus conductores. Según los fiscales generales, la compañía vendía esa información a corredores de datos y estos la revendían a aseguradoras. El acuerdo lo anunció la fiscalía de Washington, que lideró la coalición junto con Oregón. A partir de ahora, GM necesitará el consentimiento expreso del conductor para recoger o compartir sus datos de conducción y ubicación.
El mecanismo, tal como lo recoge la demanda de Oregón, es de una sencillez incómoda. Smart Driver, lanzado en 2015 dentro de OnStar, se presentaba como una ayuda para conducir con más seguridad. Registraba frenazos, aceleraciones bruscas, giros, velocidad, uso del cinturón, conducción nocturna y horarios de los viajes. Desde ese mismo año, esos datos se vendían a Verisk Analytics, y en 2019 se sumó LexisNexis Risk Solutions. Ambas empresas los convertían en informes y puntuaciones para aseguradoras, y algunas los usaron para fijar tarifas. GM habría ingresado más de 20 millones por esas ventas.
Lo más grave, a nuestro juicio, es la distancia entre lo prometido y lo hecho. Los fiscales sostienen que el programa de descuentos para aseguradoras hablaba de datos anónimos, cuando lo vendido era identificable. Y la ubicación iba más allá: desde 2018, la posición exacta del coche se registraba cada tres segundos desde el arranque, y desde 2019 con un identificador que la vinculaba al vehículo. Esa información se licenciaba a Wejo, y después a Jacobs Engineering tras comprar sus activos.
El consentimiento, además, era dudoso. La mayoría se inscribía en el concesionario al comprar el coche, y los fiscales dicen que el personal cobraba bonificaciones por cada inscripción y que, en muchos casos, aceptaba los términos en nombre del cliente. Quien intentaba rechazar las condiciones de OnStar veía un aviso de que perdería la respuesta ante accidentes y los servicios de emergencia. A eso se suma un fallo: la aplicación informó a más de 370.000 conductores de que no estaban en Smart Driver. GM los dio de baja sin decírselo, y sus datos se quedaron en poder de corredores y aseguradoras.
Todo esto salió a la luz en marzo de 2024, cuando The New York Times contó el caso de un propietario de un Chevrolet Bolt cuyo seguro subió un 21 % y cuyo informe de LexisNexis detallaba 640 viajes en seis meses. GM canceló Smart Driver en abril de 2024. Después llegó la acción de la FTC, que busca prohibirle durante cinco años compartir ciertos datos con agencias de informes de consumo, y un pacto de 12,75 millones en California.
El acuerdo también obliga a GM a limitar los datos de conducción que recopila, a mantener un programa de privacidad con evaluaciones internas y de terceros, y a formar y supervisar al personal de los concesionarios. La empresa no admite irregularidades, y según The Hill sigue abierta una demanda aparte en Texas. GM afirma que ya no vende datos vinculables a una persona, aunque podría seguir compartiendo los que no lo estén, según contó a TechCrunch.
Nuestra lectura es doble. Por un lado, 220 millones es una cifra seria, pero se mide contra más de 20 millones de ingresos por las ventas y años de datos ya circulando. Por otro, la lección técnica es vieja: cuando un coche conectado recoge telemetría, la pregunta útil es quién la recibe y con qué consentimiento real. "Compraron un coche, no un dispositivo de rastreo", dijo el fiscal de Oregón, y es difícil discutírselo.
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Artículo generado mediante AI.larebelion
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