Entre mediados de 2025 y mediados de 2026 la política tecnológica dejó de ser un debate de principios para convertirse en sanciones, pleitos y bloqueos. Europa aplica sus leyes mientras las aligera, Washington oscila entre la desregulación y el control, y China refuerza el mando estatal sobre la IA.
Firma Dune, Editora de verificaciónActualizado el Qué pasó y cuándo
Bruselas acusa a Temu bajo la DSA
La Comisión Europea concluyó de forma preliminar que Temu no mitigó la venta de productos ilegales, con una evaluación de riesgos inexacta, y advirtió de posibles multas si se confirma.
Washington condiciona fondos de banda ancha
La administración advirtió a los estados de que quedarían fuera de un fondo de 42 mil millones de dólares si fijaban tarifas a los proveedores subvencionados para hogares de bajos ingresos.
La FTC avisa sobre cifrado y censura
El presidente de la FTC escribió a grandes tecnológicas para que resistan presiones extranjeras que debiliten el cifrado, y advirtió de que ceder sin informar a los usuarios podría violar la ley.
Cruz propone la SANDBOX Act
El senador Ted Cruz planteó un marco ligero que permitiría pedir exenciones temporales de leyes federales para probar IA; los críticos temen que sirva para eludir la protección al consumidor.
Ofcom multa a 4chan
El regulador británico sancionó a 4chan por no entregar una evaluación de riesgos exigida por la Ley de Seguridad en Línea; la plataforma replicó con una demanda que invoca la libertad de expresión.
Visados vetados a críticos de las grandes tecnológicas
Estados Unidos prohibió visados a cinco figuras europeas ligadas a la regulación de las plataformas, incluido el excomisario Thierry Breton; Macron lo calificó de coerción e intimidación.
Autores demandan a seis empresas de IA
Un grupo de escritores encabezado por John Carreyrou presentó una demanda colectiva por el uso de libros pirateados para entrenar modelos de Anthropic, Google, OpenAI, Meta, xAI y Perplexity.
Italia multa a Cloudflare
El regulador AGCOM impuso una sanción récord de 14,2 millones de euros por negarse a bloquear sitios de piratería en su DNS público; Cloudflare alegó que filtrar la red sería inviable.
China prohíbe OpenClaw en equipos públicos
Pekín vetó la herramienta de agentes OpenClaw en ordenadores gubernamentales y publicó pautas de seguridad para adoptar IA, en plena ola de uso de este tipo de herramientas.
La Casa Blanca presenta un marco de IA
El Ejecutivo estadounidense remitió al Congreso un marco con seis principios: seguridad, privacidad, no discriminación, transparencia, supervisión e impulso a la innovación.
Bruselas propone el Digital Omnibus
La Comisión planteó retrasar obligaciones clave del Acta de IA y flexibilizar el uso de datos personales para entrenar modelos; organizaciones civiles lo vieron como un retroceso.
Acuerdo político para retocar el Acta de IA
Los plazos de los sistemas de alto riesgo se movieron a diciembre de 2027 y los de IA integrada en productos regulados a agosto de 2028, con una nueva prohibición de la IA de imágenes íntimas no consentidas.
Tribunales chinos frenan despidos por IA
Dos sentencias declararon ilegal despedir a un trabajador solo porque una IA pueda hacer su tarea, al tratar la adopción de IA como una decisión empresarial y no como un cambio imprevisto.
NSPM-11 acelera la IA militar
Un memorando presidencial busca desplegar con rapidez IA avanzada en defensa e inteligencia e impide a los proveedores desactivar o alterar sistemas críticos sin autorización del gobierno.
Workday afronta una demanda colectiva
Una jueza de San Francisco permitió que prosiga la demanda que acusa al software de contratación con IA de Workday de discriminar a solicitantes, un caso que cuestiona los fundamentos algorítmicos.
Los hilos que importan
Europa: hacer cumplir la ley y aligerarla a la vez
El periodo muestra a los reguladores europeos y británicos pasando de redactar normas a sancionar. La Comisión Europea acusó de forma preliminar a Temu de incumplir la Ley de Servicios Digitales por no mitigar la venta de productos ilegales; Ofcom multó a 4chan por no entregar una evaluación de riesgos exigida por la Ley de Seguridad en Línea; y el regulador italiano AGCOM impuso a Cloudflare una multa que se calificó de récord por negarse a bloquear sitios de piratería en su DNS público. Los casos son distintos, pero comparten un patrón: el supervisor exige datos y medidas concretas y las empresas responden con argumentos técnicos o de libertad de expresión.
A la vez, Bruselas rebajó su propio ritmo. El paquete Digital Omnibus propuso retrasar obligaciones clave del Acta de IA y flexibilizar el uso de datos personales para entrenar modelos; organizaciones civiles lo leyeron como un retroceso en derechos digitales, y el artículo que lo recoge discute que la regulación explique el rezago europeo. El acuerdo político posterior movió los plazos de los sistemas de alto riesgo a diciembre de 2027 y los de la IA integrada en productos regulados a agosto de 2028, y añadió la prohibición de sistemas que generan imágenes íntimas sin consentimiento. Por su parte, la Ley de Mercados Digitales no garantizó por sí sola competencia: Setapp Mobile cerró su tienda alternativa en la UE el 16 de febrero de 2026 alegando términos comerciales complejos.
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Soberanía digital europea frente a Washington
La tensión con Estados Unidos convirtió la soberanía en agenda política. Washington prohibió visados a cinco figuras europeas ligadas a la regulación de las grandes tecnológicas, entre ellas el excomisario Thierry Breton, y líderes europeos, Macron incluido, lo tacharon de coerción e intimidación. En paralelo, la Comisión estudia un paquete de soberanía tecnológica que obligaría a alojar en nube europea los datos más sensibles de sectores como las finanzas, la justicia y la salud, y presentó EURO-3C, una infraestructura pública digital paneuropea cuyos componentes residen en centros de datos situados y controlados en Europa.
El diagnóstico de fondo es de dependencia. Un análisis cifra en hasta un 70% la cuota que los tres grandes proveedores estadounidenses tendrán en la nube europea en 2026 y recuerda que leyes como la CLOUD Act permiten a Washington acceder a datos custodiados por empresas de su país sea cual sea su ubicación, lo que choca con el RGPD. Otro texto sitúa el punto de inflexión en la restricción estadounidense del acceso a sus modelos de IA más avanzados para extranjeros, que obligó a desactivarlos globalmente, también para usuarios europeos, y subraya que la respuesta europea gira sobre todo en torno a Mistral.
Estados Unidos: de la desregulación a pedir reglas
En Estados Unidos predominó el impulso político sobre un marco estable. El senador Ted Cruz propuso la SANDBOX Act, que permitiría a las empresas pedir exenciones temporales de leyes federales para probar productos de IA y daría a la oficina científica de la Casa Blanca poder para anular decisiones de agencias independientes; sus críticos temen una vía para eludir la protección al consumidor. La administración advirtió a los estados de que perderían un fondo de banda ancha de 42 mil millones de dólares si fijaban tarifas a los proveedores subvencionados, y la FTC avisó a las grandes tecnológicas de que ceder ante gobiernos extranjeros en cifrado o seguridad de datos podría violar la ley.
Con el tiempo, la propia industria reclamó reglas. Un análisis sostiene que ejecutivos que respaldaron la promesa de menos intervención ahora piden un marco formal tras controles de exportación caóticos, y la Casa Blanca presentó al Congreso un marco con seis principios que abarcan seguridad, privacidad, no discriminación, transparencia, supervisión e innovación. Otro frente fue la defensa: el memorando NSPM-11 busca acelerar la adopción de IA avanzada en el ejército y las agencias de inteligencia, e impide a los proveedores desactivar o alterar sistemas críticos sin autorización del gobierno.
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Tribunales: copyright, responsabilidad y errores de la IA
Los tribunales se convirtieron en el regulador de hecho de la IA generativa. Warner Bros. Discovery demandó a Midjourney por usar sus obras para entrenar modelos y reproducir personajes protegidos; un grupo de autores encabezado por John Carreyrou demandó a seis compañías de IA por entrenar con copias pirateadas, recordando que en un caso previo contra Anthropic un juez consideró que entrenar podía ser legal bajo ciertas lecturas sin legalizar la piratería. La responsabilidad por daños también llegó a sala: una nueva demanda por homicidio culposo contra Character AI se suma a otras similares, y una jueza de San Francisco permitió que Workday afronte una demanda colectiva por discriminación algorítmica en la contratación.
Los tribunales también marcaron límites al uso de la IA dentro del propio sistema. La Corte Suprema de la India reaccionó con enfado ante unas órdenes judiciales falsas, generadas con IA, presentadas por un juez de rango inferior, y abrió una investigación. En China, jueces declararon ilegal despedir a alguien solo porque una IA pueda hacer su trabajo, al considerar la adopción de IA una decisión empresarial, y ordenaron una indemnización en un caso. El pleito de Proctorio contra un bibliotecario, que se prolongó cinco años, ilustra además el uso del litigio contra quien criticaba una herramienta de vigilancia de exámenes.
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China: control estatal y rivalidad tecnológica
China regula desde el control. Prohibió la herramienta OpenClaw en equipos gubernamentales y emitió pautas de seguridad para la adopción de IA; según los informes, planea exigir aprobación estatal para que sus grandes tecnológicas y startups de IA acepten capital estadounidense; y creó un registro nacional con un código de 29 caracteres para cada robot humanoide, con más de 28.000 robots ya identificados. La lógica de fondo es la autosuficiencia tecnológica que el Partido Comunista reiteró en la preparación de su plan quinquenal.
La rivalidad también usa materiales y controles de exportación. Pekín retrasa licencias de exportación de fosfuro de indio, esencial para los chips ópticos de los centros de datos de IA, y la justicia estadounidense sospecha que una empresa tailandesa sirvió para desviar servidores con chips de Nvidia hacia China. Ambos episodios muestran que la política tecnológica ya no se limita a las normas de uso, sino que incluye cadenas de suministro y capital.
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Por qué importa y qué vigilar
Cumplimiento a dos velocidades
Los nuevos plazos del Acta de IA son un respiro, no una cancelación: la aplicación sigue activa en servicios digitales, como muestran los casos de Temu y 4chan.
La nube se vuelve decisión política
Dónde se alojan los datos sensibles y qué proveedor los trata deja de ser un asunto técnico; conviene vigilar si el paquete de soberanía tecnológica se concreta en obligaciones.
Los tribunales marcan el ritmo de la IA
Sin una ley federal estable en Estados Unidos, copyright, discriminación y daños se resuelven caso a caso; los fallos de Workday y de las demandas de autores serán la guía práctica.
Bloques regulatorios divergentes
Las restricciones chinas al capital y los mandatos estadounidenses a los proveedores apuntan a ecosistemas separados; hay que vigilar su efecto sobre las empresas globales.
Lo que pensamos
Desde la mesa de verificación, creemos que este periodo premia la cautela. Mucho de lo que se presenta como regulación es todavía una propuesta, un borrador o una conclusión preliminar, y conviene no tratarlo como hecho consumado. Lo que sí parece sólido es el cambio de método: los reguladores ya no solo escriben normas, sino que multan, acusan y litigan, y los jueces fijan en la práctica los límites de la inteligencia artificial. Nos parece sensato que Europa afine sus plazos, pero sería un error confundir simplificar con renunciar a proteger derechos. Y nos preocupa que la soberanía digital se convierta en una consigna antes de ser una capacidad real. Pedimos a empresas y gobiernos lo mismo: cifras, fuentes y plazos comprobables antes de dar un debate por zanjado.
Dune, Editora de verificaciónTodo lo que publicamos sobre este tema
33 noticias de jul 2025 a jun 2026, por mes. Son los artículos originales en los que se apoya esta guía; cada uno enlaza a su fuente.
